Protagonistas 2.0. Ley Sinde

A raíz de la “Ley Sinde”, y de su posterior modificación, consensuada por los dos grandes (por número de votantes, no confundamos) partidos políticos de nuestro país, me surgieron unas determinadas dudas, que, muy amablemente, Eduardo Arcos, Enrique Dans, David Bravo y Ricardo Galli, cuatro relevantes figuras en el entorno de la Red, aceptaron resolver, y por lo que les estoy enormemente agradeciada.

1. La ley Sinde es una medida más del actual Gobierno para luchar contra la piratería en España, ¿se puede considerar eficaz?

E. Arcos: No hay eficacia alguna en la lucha contra la piratería porque en general la Ley Sinde no ataca la piratería sino la presunción de algún daño a los derechos de autor por medio de enlaces hechos de una web a otra donde te puedes descargar contenido. La descarga o el compartir contenido por si mismo no constituye “piratería” pues no hay lucro.

Más que la falta de protección, la piratería es consecuencia de que una industria no supo adaptarse a los tiempos y al mercado actual. Vender CDs por 14 o 15 dólares en estas épocas es necio. Si el canal oficial no te ofrece lo que buscas, te vas a los no oficiales. Lamentablemente en muchos casos eso significa ir a comprar música a los piratas que efectivamente se benefician económicamente del trabajo ajeno.

Pero equiparar eso con los que simplemente comparten sin ningún lucro algo de contenido tan solo porque simplemente no hay forma de obtenerlo de otra forma es una falta de visión que asusta y preocupa.

No veo a Sinde tomando medidas asi de agresivas para luchar con la venta informal de obras con copyright en la calle, ni con las mafias que lo incentivan y explotan a inmigrantes sin papeles. Ahí hay muchísimo daño.

E. Dans: No. La ley Sinde es una medida del actual Gobierno para beneficiar a los intermediarios de la cultura, a las entidades de gestión y a la industria cultural norteamericana, en detrimento de los creadores españoles y de los derechos de los ciudadanos españoles. Por supuesto, no será eficaz, porque no proviene de un consenso social, sino de una imposición: nombrar a Ángeles González-Sinde, que representa solo a una de las partes, fue un descomunal error, y permitir que siguiese adelante con su plan sin esbozar la más mínima concesión hacia la otra parte y con la complicidad de grupos políticos que han vendido su postura ha terminado de empeorar las cosas. Ahora, la ley Sinde es un engendro legal que no servirá para nada, no corregirá nada, no cerrará de manera eficaz nada, permitirá abusos que pondrán en peligro la libertad de expresión, y además, algo mucho más grave: ahondará en el distanciamiento entre la cultura española y su mercado natural. Aprobar la ley Sinde hoy significa automáticamente perder varios años en una posible solución del problema.

D. Bravo: Por sus declaraciones, se trata más bien de una medida para luchar contra páginas web de enlaces, que el Gobierno considera piratería al contrario que los jueces. Por otra parte, teniendo en cuenta las declaraciones de los impulsores de la Ley Sinde, el objetivo último de su propuesta es reducir de forma muy significativa el intercambio de obras intelectuales entre particulares.

La norma resultará del todo punto ineficaz a los fines que pretende. Creer que por cerrar páginas de enlaces -que carecen de todo contenido más allá de los propios links- significará acabar con las descargas es como pensar que eliminando el índice de la enciclopedia acabas con la enciclopedia. Los ciudadanos seguirán intercambiando archivos desde las redes P2P, que cuentan con sus propios buscadores. En menos de una semana se habrá encontrado un nuevo y, probablemente, más eficaz, modo de localizar los archivos que se desean intercambiar. No es descartable tampoco que por cada web de enlaces cerrada se abran tres más.

R. Galli: No puede ser eficaz desde muchos puntos de vista, empezando por la definición de “piratería”, ¿qué es? ¿robar barcos? ¿poner enlaces a contenido sin autorización? ¿pasar copias de MP3 a los amigos con un CD, emails o en una página web? ¿indicarle a amigos o desconocidos dónde se pueden bajar una canción? ¿cómo marcamos la frontera entre privado, amigos y desconocidos? Ni los legisladores, creo, podrían responder con precisión a esta preguntas, por lo tanto una ley elaborada a partir de tantas dudas nunca podrá ser eficaz, más que liar más a los funcionarios de la ya saturada justicia.

Por otro lado el gobierno ha manifestado que se hacía la ley sólo para “cerrar unas 100 páginas web”, luego subieron esa cantidad a 200. ¿Hace falta modificar tantas leyes importantes con prisas y en medio de un descontento general sólo para ir contra 100 ó 200 sitios webs? ¿cuánto dinero ganan esos sitios? ¿cuánto “hacen perder”? Si fuese verdad el argumento, se hubiese solucionado sencillamente con que la propia industria ponga una página similar donde haya enlaces con publicidad a todos sus contenidos. Se habrían forrado, ¿no? [sarcasmo]

Tampoco puede ser eficaz una ley que aumenta la burocracia, quita el trabajo y coste de abogados particulares y lo hace con cargo a los presupuestos, y meterá a los jueces en unos enormes dilemas al decidir si poner enlaces se considera o no un derecho fundamental (el de libertad de expresión y comunicación).

Por último, no puede ser eficaz una ley que intente destruir algo que no se sabe con seguridad que sea malo para la cultura. Que sea malo para una parte de la industria podría significar que es muy bueno para la sociedad en su conjunto. De hecho la mayoría de las innovaciones tecnológicas y científicas pusieron en peligro -y destruyeron- la industria basado en el conocimiento anterior. En el mejor de los casos, si esta ley es eficaz podría ser un gran perjuicio para todos, pero esto creo jamás se lo plantearon.

2. Sabiendo que la ley, hasta el momento, ampara los intercambios p2p sin ánimo de lucro, que una página de enlaces no infringe la propiedad intelectual, que el corte de la conexión a Internet vulnera un derecho fundamental, que las webs “bloqueadas” podrán mutar y alojarse en servidores de países que sí permitan su funcionamiento…. ¿Por qué tanto revuelo con su aprobación?

E. Arcos: Porque la decisión de si alguien está vulnerando la propiedad intelectual deja de ser por vía judicial y ahora se hace por la vía administrativa. Es como si el Ministerio de Cultura dejó de confiar en el sistema judicial de España. Pero en realidad es porque la industria audiovisual tiene un miedo tremendo al internet porque es un canal que los deja obsoletos.

Han luchado contra el internet de todas las formas posibles. Han acudido a jueces que han desestimado sus demandas tantas veces que optaron por hacer lobbying al ministerio de cultura para proponer y eventualmente pasar esto que ahora llamamos Ley Sinde.

Si una comisión administrativa tiene el poder de limitar un derecho fundamental de los españoles estamos sentando un precedente super peligroso para futuras acciones en nombre de la protección de los derechos de autor.

E. Dans: No, no es así. Las páginas de enlaces sí son criminalizadas, el enlace sí es perseguido, la tutela judicial efectiva es una pantomima inaceptable, las webs alojadas fuera de España pueden ser bloqueadas en los proveedores de acceso españoles, y una página de cualquier tipo puede ser denunciada ante una comisión administrativa con más que posible sesgo político y puede ser instado su cierre. La ley Sinde es el peor desarrollo legislativo que ha pasado por la democracia española, es un engendro inaceptable, y pretender que “la han descafeinado” o que “ya es aceptable” es vivir en los mundos de Yupi.

3. Uno de los puntos más polémicos de la ley, es la posibilidad de que una comisión cierre o bloquee páginas sin intervención judicial, pero en el texto apoyado por PSOE y PP, se dice que en un plazo máximo de dos días después de la resolución de la comisión, un juzgado tendrá la potestad última de decidir si se acatan o no las medidas que aquélla proponga. Si esto es así, sí interviene un juez… ¿Qué se me está escapando?

D. Bravo: Las reformas propuestas en la Ley Sinde pueden resumirse sucintamente en que mediante las mismas se atribuiría a una comisión del Ministerio de Cultura la potestad de decidir si desde una página web se están vulnerando derechos de propiedad intelectual procediendo, en caso de que así lo consideren, al cierre de la misma o a la retirada del contenido objeto de controversia. En ese procedimiento se reservaría a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo la función de autorizar el cierre acordado por la Comisión, pero impidiendo que puedan entrar en el fondo del asunto, esto es, impidiendo que sean ellos quienes supervisen si efectivamente existe la infracción que motiva el cierre. De este modo, el ámbito de las competencias judiciales quedará limitado a analizar, no la pertinencia o procedencia de la medida de cierre acordada por la comisión administrativa, sino si la ejecución de ésta afecta a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, de manera que si el Juzgado considera que no afecta a tales derechos la medida se entenderá autorizada. Resulta obvio que manifestar que la paralización de una actividad no afecta al derecho de libertad de expresión o información de quien la realiza es conceptualmente distinto a afirmar que esa actividad vulnere derecho alguno de propiedad intelectual y, en definitiva, es muy diferente a manifestar que el cese acordado por la comisión administrativa sea o no conforme a Derecho. O dicho de otro modo, manifestar que eliminar un enlace a una película de Amenábar difundida sin autorización no afecta a un derecho de libertad de expresión o información está muy lejos de ser equivalente a afirmar que ese enlace suponga la infracción de los derechos de propiedad intelectual de sus titulares.

La enmienda pactada recienmente por PSOE, PP y CiU no cambia la esencial cuestión de la nula participación judicial respecto de la decisión sobre el fondo del asunto. Con las modificaciones pactadas, y que merecen rozar el calificativo de meramente cosméticas, se sigue limitando expresamente el campo de acción del juez, impidiéndole que pueda entrar a discutir la existencia de la propia infracción y, en consecuencia, no será función del órgano judicial decidir y ni siquiera avalar los fundamentos jurídicos en los que se sostiene la medida decidida por la Comisión del Ministerio de Cultura.

A sabiendas de que los jueces están resolviendo que las páginas de enlaces no suponen infracción de derechos de propiedad intelectual, el atajo que parece haberse tomado ha sido el de sustraer a los mismos ese poder de decisión. Teniendo en cuenta el sentido de las resoluciones que estaban adoptando, no parece en absoluto casual que el papel que ahora se les reserva ab initio esté limitado a que no entren a discutir la propia existencia de la infracción ya declarada por la Comisión del Ministerio de Cultura.

R. Galli: Por un lado un problema práctico. Tenemos a la la justicia desbordada por problemas muchos más serios, desde temas de derechos fundamentales, a penales o patrimoniales de miles de familias con problemas muy graves. ¿Pretenden así que un juez tome una decisión meditada y razonada en 48 horas? En realidad estas 48 horas es parte del diseño: no desean que las decisiones de los jueces sean razonadas, porque hasta ahora todos han sentenciado en sentido contrario ante temas idénticos a los que dicen quieren “acabar”.

Por otro lado, intentan dar la imagen de seguridad jurídica separando un tema complejo en dos partes: presunto “delito contra la propiedad” (un tema mercantil o patrimonial) con la de la libertad de expresión y comunicación (un derecho fundamental tal como lo expresa nuestra Constitución). Entonces delegan a un juez que decida sólo sobre una de ellas, mientras que la Comisión (dependiente del ejecutivo y con nombramientos a “dedo”, por lo tanto políticos) es la que dicta sentencia sobre la primera, sin ser un organismo judicial. Supongo que ya está claro el desatino, la violación de la independencia de poderes y el derecho a los procedimientos de juicio justo.

Lo anterior ya es grave, pero no es todo. Imagina que un juez tiene que decidir, sin analizar el fondo de la cuestión, si una serie de enlaces escrito por una persona violan o no su derecho a la libre expresión. Al fin y al cabo un enlace es sólo un segmento de texto, que se puede leer en voz alta, escribir en un papel, o en una página HTML. Vaya papeleta que le tocarán a esos jueces. Podríamos tener tres futuros diferentes:

  1. Que tal como desea el gobierno y parte de la industria, consideren en su mayoría que poner enlaces no es un derecho fundamental. En este caso se abrirán las puertas para ir contra cualquier web, foro o listas de correo con archivos. Bajo esta situación, no quedará más remedio a sus administradores que eliminar esos enlaces. (O resistir, ir a juicios, reclamar millonarias indemnizaciones al Ministerio de Cultura si finalmente los ganan, mientras que los denunciantes hacen mutis por el foro sin haber asumido siquiera el riesgo de pagar costas…) Dejo a la imaginación de los lectores cómo se puede ir de la mano esto, en todos los sentidos.
  2. Que la mayoría de los jueces decidan que los enlaces es parte del derecho de la libre expresión. Si este es el caso y hay consenso y se siente jusrisprudencia, la Ley Sinde no habrá servidor para nada, salvo molestar durante varios años a cientos o miles de individuos y pequeñas empresas, a los que seguramente el estado –todos– deberá pagar millonarias indemnizaciones por las decisiones de “su” comisión.
  3. Que no haya consenso en los jueces, ni jurisprudencia. Esto generaría un inseguridad jurídica importantísima, debates duros durante años, y perjuicio injusto y desproporcionado a una parte de los afectados por resoluciones en contra. De nuevo, todos deberíamos pagar millonarias indemnizaciones por la “juerga” que montaron unos pocos.

No puedo prever que lo presuntamente positivo de la ley (recordamos que dicen son 100 ó 200 sitios a los que apunta) que compense a todo lo negativo. Además entiendo que las leyes deben tender a clarificar y facilitar las resolución justa de conflictos, pero este no es el caso. No quisiera estar en el papel de los jueces que tengan que intervenir.

A pesar de ello no renuncio al optimismo de que reine la cordura entre los jueces, y que haya un “consenso” rápido para evitar más daños de una mala ley.

4. Señor Arcos, ¿Considera que la política de España con respecto a la divulgación de contenidos en la red es similar a las que proponen otros gobiernos, tanto en el ámbito europeo como intercontinental?

E. Arcos: La justicia española mantenía cierta coherencia y sentido común con relación a la distribución de contenidos con copyright. En los ochentas, cuando las personas empezaron a grabar programas de TV o películas en tapes de video (VHS o Beta) pero lo usaban para fines privados (el replay, pues), se pasaron leyes protegiendo este tipo de comportamientos. ¡Protegiendo al consumidor, al ciudadano! — Permitiéndole grabar dichos contenidos, aunque tuvieran Copyright porque su destino no era la explotación comercial, era el uso privado.

El descargar o compartir contenidos se parece bastante a esa actividad. Un amigo nos recomienda música y la compartimos. Pasan una serie en la TV y la descargamos para volver a verla muchas veces. Los jueces mantenían esta lógica y por lo tanto desestimaban cualquier demanda cuando se trataba de actividades no comerciales.

Los jueces españoles también desestimaban la demanda a webs de enlaces por el mismo motivo: no había actividad comercial y además simplemente estaban ejerciendo la actividad más habitual y básica de la web: enlazar.

Otros gobiernos en diferentes partes del mundo han tomado medidas bastante estúpidas para proteger a la industria y desproteger al consumidor. La Ley Hadopi en Francia es un perfecto ejemplo. Pero en general las leyes o las normas de cada país son distintas. En algunos países sudamericanos los gobiernos protegen a los negocios pequeños que venden piratería porque es el único sustento económico de dos o tres familias. En países del norte de Europa en vez de legislar en contra del consumidor se impulsa la innovación para consumir contenidos. Spotify es producto de ello.

Estados Unidos está en una mitad extraña. Por un lado suceden cosas como lo de RojaDirecta pero por otro lado las leyes de propiedad intelectual permiten e incentivan cosas como el iTunes Store o Netflix.

5. Señor Bravo, ¿Cómo hacer compatible el derecho a la propiedad intelectual, con el derecho a la privacidad o libertad de expresión, que, según algunos autores, son vulnerados por esta ley? ¿Cree necesaria una modificación significativa de la LPI?

D. Bravo: Las propuestas por parte de legisladores de todo el mundo por hacer valer lo dispuesto en las Leyes de Propiedad Intelectual revelan que el único modo de lograr un grado de eficacia apreciable de esas normas pasan por inquietar -cuando no directamente vulnerar- derechos constitucionales de rango superior como el derecho al secreto de las comunicaciones. La introducción de la copia privada en 1987 y, con ella, la convalidación de las actividades de miles de ciudadanos que copiaban casetes sin autorización de los titulares de la música grabada, se produjo, precisamente, porque el legislador entendió que se trataba de una actividad privada imposible de parar salvo colisionando con derechos fundamentales. Ahora debería llegar a una conclusión semejante y con mayor razón.

6. Señor Dans, ¿Significa su postura una ruptura de posibles colaboraciones, o presencia oficial (Secretaría, Ministerio, Academia de Internet) en un futurible Gobierno del PP?

E. Dans: Jamás ha existido ni interés ni posibilidad alguna por mi parte de colaborar o de tener presencia oficial en un futurible gobierno del PP. Eso es un invento desarrollado por personas que no me conocen en absoluto, y que nunca ha tenido la más mínima traza de realidad. No confundamos lo que “algunos querrían hacer si fuesen yo” con lo que yo realmente pretendo hacer, por favor. No me lo han ofrecido jamás, no lo he pretendido nunca, y en caso de que alguien tuviese algún interés, lo puede ir olvidando: no va a suceder. Soy un profesor, tengo una vida muy agradable y de la que estoy muy satisfecho como profesor, es lo que me llena personalmente, y es lo que voy a seguir siendo durante el resto de mi vida.

7. Señor Galli, esta revuelta digital, ¿es una genuina defensa de los derechos de los internautas, o más bien una confrontación de poder entre dos de los más grandes lobbys (la industria tecnólogica vs industria de producción de contenidos audiovisuales), en la que los usuarios nos hemos visto manipulados?

R. Galli: Aunque yo no asisto (ni me invitan) a reuniones en partidos y ministerios, participé activamente en la “resistencia”. No lo hice para defender los intereses de ningún sector, sólo lo que me dicta la lógica y unos pocos principios básicos. Creo que la mayoría más visible y vocal de la “revuelta” tampoco va con segundas. En todo caso las “tecnológicas de peso” se mantienen casi al márgen sin posicionarse claramente, quizás porque sospechan que al menor ruido desde su sitio le pondrán una tasa por conexiones a Internet (que personalmente no lo vería nada mal si legalizan las descargas: lo servido por lo pagado, ante el dilema, prefiero pagar a perder libertades).

Por otro lado sí que considero hubo algo de “subirse al carro interesadamente”. También fue un error poner en “cabeza de la manifestación” (¿recuerdas la “huelga de sitios de descargas”?) a esa parte interesada económicamente –que no por la defensa de principios -ético-legales–. Pero esto fue un error estratégico, no de fondo.

8. ¿Qué cambiarían de esta ley, para que ustedes la consideraran aceptable o incluso positiva?

E. Arcos: La ley no se puede cambiar. Esta ley hay que derogarla y empezar a trabajar de fondo en una reforma de las leyes de Propiedad Intelectual. No solo en España, sino en todo el mundo. Es imperante hacerlo porque los usos que la gente le da al internet no van a disminuir, seguirán creciendo y la industria audiovisual seguirá dándose contra las paredes.

E. Dans: En primer lugar, la ley no es necesaria. Los delitos pueden perseguirse con las leyes y los mecanismos existentes en el actual Estado de derecho. Aquel que hospeda contenidos protegidos por derechos de autor con ánimo de lucro y no comparte dicho lucro con los derechohabientes puede (y debe) ser perfectamente perseguido mediante los mecanismos existentes en la justicia española. Lo que hay que hacer es construir un mercado donde hoy hay monopolios (como bien indicó la Comisión nacional de la Competencia), flexibilizar la oferta para que los creadores puedan llegar a acuerdos con los nuevos modelos que aparecen en la red, y buscar el consenso social en torno a estos nuevos mecanismos que vayan apareciendo. La vía del miedo no ha funcionado en ningún país, solo funciona la via del consenso y la de facilitar una mayor oferta de contenidos a precios razonables, y eso es precisamente lo que hay que buscar.

D. Bravo: Cuando el Ejecutivo pretende plantear un procedimiento que sustrae el silbato a los jueces para rearbitrar un partido que la industria de los contenidos perdía por goleada, entiendo que lo único aceptable es rechazar esa propuesta de plano, sin enmiendas, ni parches ni negociaciones de ningún tipo.

R. Galli: Como expliqué antes, todo en esta ley me parece que no será efectiva en ningún caso. Deberían olivdarse y empezar primero definiendo exactamente: qué es lo que se pretende acabar, por qué, efectos colaterales sobre los individuos y cultura, cuántos son los “presuntos”, de cuánto dinero –o “daño”– estamos hablando, cuáles son los mejores medios, que esos medios siempre estén por delante de los fines. Finalmente quizás se den cuenta que hay otras formas de compensación de la misma cantidad de dinero de la que hablan, y que quizás deberian exigir que antes de cualquier “medida represiva” la industria que los exige cumpla sus deberes.

Por supuesto, no puedo dejar de decir que la Ley de Propiedad Intelectual es horrible e impracticable, como se está demostrando. No está en acorde con la realidad social actual, debe modificarse. Lo malo es que si la modifican será para hacerla aún más restrictiva y conservadora. Apuesto por ello.

_Disclaimer_: No soy abogado, sólo un informático. Disculpad mis posibles malos usos o imprecisiones del lenguaje jurídico.

Gracias por su tiempo, espero que este post les resulte tan útil a mis lectores, como me lo ha resultado a mí.

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25 comentarios

Archivado bajo Actualidad, Firmas, Internet, Opinión, Política

25 Respuestas a “Protagonistas 2.0. Ley Sinde

  1. Para mí lo más grave es el abandono de la presunción de inocencia y que un Gobierno pueda tomar decisiones que, por definición, pertenencen a un juez, ya que atenta contra los Derechos Fundamentales (en este caso el art. 20 CE(y 24 por extensión)). Si una página web está incurriendo en delito o falta, habrá de decidirlo un juez, no una comisión gubernamental.

    Separación de poderes, vamos.

    Un saludo

  2. Exactamente @Gonsaulo.

    Creo que muchos en la red hablan de la descarga, pero eso es evitar el foco del asunto, y es que quieren pasar por encima de los jueces en un tema que ven que siempre pierden… Solución, los “saltan”.

    Es triste que en este país pueda prosperar una ley así, igual de triste que el voto vaya a caer en uno de esos 2 sacos sin fondo… (El mío, ya no).

  3. Creo que Bravo da en el clavo de la cuestión en su respuesta a la última pregunta…

    Excelente entrevista, especialmente recomendables todas las intervenciones de Galli.

    Añadir, casi como nota al pie, que no entiendo muy bien qué hace el Gobierno persiguiendo una “piratería” que ellos mismos legitiman al permitir que exista una aberración como es el canon… Soy corto de miras, lo confieso, pero mientras siga habiendo canon, cualquier otra ley a este respecto me parecerá, de base, injusta.

    Muy buen post, enhorabuena ^_^

  4. Pingback: Galli, David Bravo, Eduardo Arcos y Enrique Dans responden a algunos de los puntos más controvertidos de la Ley Sinde

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  8. PabloMM

    Dentro de 2 años veremos si Dans cumple su palabra. Eso de que jamás ha tenido intención de participar en un futurible gobierno del PP….si no lo ha tenido, muchas veces lo ha parecido.

    No me gusta esta ley ni me gusta la Ministra de Cultura, pero es necesario aumentar las garantías jurídicas de los autores. Lo del ánimo de lucro es muy subjetivo. Quien hace la ley hace la trampa y webs como Cinetube o SeriesYonkis, que se benefician económicamente de los cotenidos ajenos, han sido denunciados y posteriormente absueltos.

    Si creas una web donde de una manera “altruista” compartes enlaces con otros usuarios, bien, en el momento en que metes Adsense o un banner publicitario, eso en mi pueblo se llama tener la cara muy dura.

  9. zparo

    ¡ZParo dimisión ya!

  10. rgg

    Parte del texto eliminado por el autor del blog.

    Arcos, Dans y Bravo grandes como siempre.

  11. Pingback: Hablando sobre la ley Sinde, en Ciberneticaeterna

  12. ciberneticaeterna

    Rgg, educación y respeto.

    Sé que sabes hacerlo.

  13. Lleida000

    Excelente entrevista, si señor.
    Me gustaría pensar que una clase política diferente es posible pero estoy convencido de que es una gran utopía. La clase política está, ya no impregnada, sinó dirigida por los intereses de los lobbies y lo vemos en todos los campos como en la sanidad, economía, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, etc.
    Algún día alguien entenderá que no se puede legislar en contra de las libertades de los pueblos, ni aquí, ni en la China popular.
    Gracias por dar la cara por todos.

  14. Pingback: ¿La batalla perdida contra la Ley Sinde? « Ubuntu Life

  15. Una triste realidad, como tantas otras sinrazones.

    He entrado a otra cosa, pero me ha gustado el documento.

    Os comento. El día 14 de Enero pusimos en funcionamiento una iniciativa con la esperanza de (como mínimo) crear ruido democrático. Sabemos que las movilizaciones a pie de calle no funcionan en Europa, y que la violencia es repelida con mucha mayor violencia. Es por eso que pretendemos recuperar la dignidad del ciudadano enfrentando a los dirigentes políticos con su propia medicina y utilizando sus medios de adoctrinamiento.

    En estos 20 días hemos recogido casi 1000 firmas, y únicamente hemos recibido apoyo de Rebelión.org y de Kaosenlared.net, pero ningún blogger ha hecho suya la petición, ni ha dedicado un tema. Necesitamos apoyos en primera persona, y no que la gente recomiende “esa” iniciativa de otros, sino “la” iniciativa, porque no tiene nombres, es de todos y para todos: de todo el que la haga suya.

    Han firmado personas muy conocidas en este país, pero no queremos utilizar sus nombres porque creemos que la movilización debe estar al margen de personalismos e ideologías.

    Por eso os pedimos que le echéis un vistazo, y que si os parece bien, os suméis a la petición. Quizá no logremos nada, pero lo importante es intentarlo.

    Muchas gracias.

    http://iniciativadebate.wordpress.com/

  16. asmpredator

    Es muy evidente que esta ley dice perseguir las paginas de enlaces, pero en realidad es un caballo de Troya, lo unico que pretende es sentar precedente sobre que los jueces se pueden puentear para favorecer los intereses de unos cuantos, y eso en un sistema democrático (al menos en teoria) es nefasto porque genera desconfianza e inutiliza el poder judicial que se ve apartado intencionadamente y de forma interesada de su función básica.

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  19. Pingback: Top Posts — WordPress.com

  20. El año pasado decían esa estupidez de que ganar el Mundial nos uniría a los españoles para afrontar ciertos asuntos, pero lo cierto es que tristemente, nos ponemos de acuerdo en poco y hacemos menos todavía. Parece que a día de hoy no está en nuestros genes levantarnos contra injusticia alguna y cualquier país por subdesarrollado que nos parezca nos da una lección de unión y participación. Creo que esta maldita e injusta ley sí debería unirnos frente a decisiones que no apoyamos y sí debería sacarnos a la calle para, al menos, hacernos oír. Yo trataré de poner mi grano de arena yendo el próximo domingo a la Operación Goya de Anonymous.
    http://sonadorindomable.wordpress.com/

  21. Bergantín

    Creo que en el fondo el gobierno está desmantelando el “estado de bienestar” y algo mas. Zapatero es cualquier cosa menos socialista y no es casual que la señora Sinde por el Psoe y el señor Lassalle por el PP se hayan puesto perfectamente de acuerdo para crear esta ley liberticida.

    Para debilitar la democracia es imprescindible minar sus instituciones mas importantes. El poder judicial lo es. Y esta ley nos dice que los jueces no son necesarios ni sirven para nada. Y que el ejecutivo, mediante una comisión, ocupará tranquilamente su lugar para juzgar la conducta de los ciudadanos.

    De esta forma también se destruye el principio de la “separación de poderes” acercándonos peligrosamente a esquemas totalitarios.

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